El gobierno de Estados Unidos ya comenzó a notificar pacientes que
reciben tratamiento médico en territorio estadounidense con visa
humanitaria que deben abandonar el país en los próximos días, según
publicó el pasado viernes el periódico The New York Times.
El pasado mes, y sin previo aviso, el Servicio de Inmigración (USCIS)
eliminó un programa que impedía que los inmigrantes fuesen deportados
mientras ellos o sus familiares estuviesen recibiendo algún tratamiento
médico de vida o muerte. La medida entró en vigor el pasado 7 de agosto.
El Times puso de ejemplo el caso de la guatemalteca María Isabel
Bueso, hoy con 24 años, quien llegó a EE.UU cuando tenía 7 y la semana
pasada recibió una carta notificándole que debe abandonar el país en los
próximos 33 días o será deportada.
Su médico, su abogado y su madre describieron la orden como una “sentencia de muerte”.
Cada semana, durante varios años, Bueso ha recibido infusiones
intravenosas de Mucopolisacaridosis de tipo seis (MPS-6), la enzima de
remplazo que trata su enfermedad que causa enanismo, visión nublada y
compresión de la médula espinal, entre otras condiciones.
Han pasado 16 años desde que comenzó a ir al hospital para recibir
infusiones semanales, de cuatro a seis horas, de Naglazyme, la medicina
que controla su padecimiento. A pesar de la parálisis que caracteriza a
su enfermedad, ha logrado tener una vida productiva.
El año pasado se graduó summa cum laude en la Universidad Estatal de
California, East Bay, donde colaboró para comenzar una beca para
estudiantes con enfermedades raras. También ha viajado y hecho
presentaciones ante legisladores en nombre de las personas que sufren
ese tipo de enfermedades, especifica el periódico.
Su familia vive en una casa confortable de un vecindario de clase
media en Concord, California, que sus padres compraron y acondicionaron
para que ella pueda desplazarse con su silla de ruedas. Nunca se
imaginaron que tendrían que abandonar el país, puesto que las
autoridades solían aprobar las extensiones de sus permisos.
Cuando Lawler, el abogado de la familia, les contó a Bueso sobre la
decisión que el gobierno tomó la semana pasada, ésta comenzó a temblar
sin control.
El gobierno del presidente Donald Trump eliminó un programa que
permitía a los jueces de inmigración poner fin a los casos de
deportación bajo circunstancias excepcionales.
En conjunto, estos cambios imposibilitan que esas personas, que antes
no eran susceptibles de ser deportadas, puedan defenderse si las
autoridades federales de inmigración las detienen, dicen expertos.
En ese mismo orden, se ha informado que varios dominicanos reciben
atención médica en EE.UU amparados en una visa humanitaria, como es el
caso de Rosa Hernández, de 46 años, interna en el hospital Harlem, en
Manhattan, con un cáncer terminal.
Entró a EE.UU con visa cuya renovación le fue negada después que
solicitó una cuarta extensión de estadía, y ahí mismo fue puesta en la
lista de deportación por Inmigración.