Roberto Saladin, juez titular de la Junta Central
Electoral (JCE), argumentó que fue a petición del presidente de esa
organismo, Julio César Castaños Guzmán, que no sometió al pleno su voto
disidente a mantener el "vodo de arrastre" de diputados a senadores, y
que fimó la resolucion que mantiene la modalidad en cinco provincias y
el Distrito Nacional, pese a considerar la misma violatoria a la
Constitución de la República.
En una carta hecha pública, dirigida al pleno de ese organismo, Saladín hace un recuento de sus argumentos, del voto disidente, e indica que Castaños Guzmán le planteó suspender esa decisión porque afectaría la confianza y la credibilidad del pleno, dentro "de la actual coyuntura que perturba la imagen de la JCE".
En ese sentido citó “la encuesta publicada, (en referencia la Gallup-Hoy) según la cual la JCE había caído a un 55% en el porcentaje de índice de medición de la confianza y credibilidad”, también a “la denuncia en las redes sociales sobre cuestionamientos en el proceso de la licitación realizada para la compra de equipos informáticos que serían utilizados en los procesos electorales venideros “ y tercero “ la denuncia del Partido Reformista Social Cristiano sobres el proceso de conformación y reestructuración de las Juntas electorales”.
En la misiva, Saladin informa que tenía preparado de manera anticipada su voto disidente, y que en los debates sugirió dos alternativas la JCE, que sería someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimine los efectos que pudieran considerarse contradictorios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, o someter un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre esa legislación para alcanzar “cero” arrastre, de diputados a senadores, respecto a las disposiciones constitucionales.
Saladin dijo que, sin renunciar a su posición sobre la resolución, le comunicó a los demás miembros del pleno que publicaría en la prensa su voto disidente y así lo hizo.
“Consciente de que los demás miembros del Pleno, que apoyaban el arrastre, no aprobarían su eliminación en un 100% del territorio nacional y que aprobarlo para 26 provincias sería un claro y firme avance en esa dirección, asentí a firmar la Resolución de fecha 07 de mayo de 2029, donde en 26 provincias los electores votarían con 4 boletas en los niveles presidencial, senadores, diputados, alcaldes, lo cual contribuía a fortalecer nuestro sistema democrático, afectado durante años por la votación del voto directo”, señala.
Dijo que invitó a su despacho al secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos, a explicar por qué no se había reflejado en el acta de la reunión de esa fecha, sus observaciones al tema del arrastre.
En una carta hecha pública, dirigida al pleno de ese organismo, Saladín hace un recuento de sus argumentos, del voto disidente, e indica que Castaños Guzmán le planteó suspender esa decisión porque afectaría la confianza y la credibilidad del pleno, dentro "de la actual coyuntura que perturba la imagen de la JCE".
En ese sentido citó “la encuesta publicada, (en referencia la Gallup-Hoy) según la cual la JCE había caído a un 55% en el porcentaje de índice de medición de la confianza y credibilidad”, también a “la denuncia en las redes sociales sobre cuestionamientos en el proceso de la licitación realizada para la compra de equipos informáticos que serían utilizados en los procesos electorales venideros “ y tercero “ la denuncia del Partido Reformista Social Cristiano sobres el proceso de conformación y reestructuración de las Juntas electorales”.
En la misiva, Saladin informa que tenía preparado de manera anticipada su voto disidente, y que en los debates sugirió dos alternativas la JCE, que sería someter al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimine los efectos que pudieran considerarse contradictorios a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, o someter un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre esa legislación para alcanzar “cero” arrastre, de diputados a senadores, respecto a las disposiciones constitucionales.
Saladin dijo que, sin renunciar a su posición sobre la resolución, le comunicó a los demás miembros del pleno que publicaría en la prensa su voto disidente y así lo hizo.
“Consciente de que los demás miembros del Pleno, que apoyaban el arrastre, no aprobarían su eliminación en un 100% del territorio nacional y que aprobarlo para 26 provincias sería un claro y firme avance en esa dirección, asentí a firmar la Resolución de fecha 07 de mayo de 2029, donde en 26 provincias los electores votarían con 4 boletas en los niveles presidencial, senadores, diputados, alcaldes, lo cual contribuía a fortalecer nuestro sistema democrático, afectado durante años por la votación del voto directo”, señala.
Dijo que invitó a su despacho al secretario general de la JCE, Hilario Espiñeira Ceballos, a explicar por qué no se había reflejado en el acta de la reunión de esa fecha, sus observaciones al tema del arrastre.
