A continuación, un vistazo a algunas de las medidas clave adoptadas
por el gobierno de Bolsonaro desde su llegada al poder el 1 de enero.
TIERRAS INDÍGENAS
Durante la campaña, el entonces candidato a la presidencia Bolsonaro
prometió que si salía elegido, “ni un centímetro” más de tierra se
destinaría a reservas indígenas. Horas después de asumir el cargo,
emitió una serie de decretos que, según los críticos, beneficiarían a
sus aliados en el poderoso “caucus rural” prodesarrollo de Brasil. El 2
de enero, Bolsonaro transfirió la responsabilidad de delimitar las
tierras indígenas del Ministerio de Justicia al de Agricultura, una
medida que un legislador describió como “dejar que el zorro vigile el
gallinero”. El decreto también trasladó la agencia para asuntos
indígenas, conocida como FUNAI, del Ministerio de Justicia al recién
creado Ministerio de Familia, Mujer y Derechos Humanos, que está
comandado por un pastor evangélico ultraconservador. La FUNAI supervisa
la atención sanitaria, la vivienda y el idioma de los grupos indígenas.
NOMBRAMIENTO DE MINISTROS
Los nombramientos ministeriales de Bolsonaro están en la línea de su
promesa electoral de ayudar a las empresas a expandirse en el país,
incluso en sus zonas protegidas. Su ministra de Agricultura es Tereza
Cristina, que formaba parte de la poderosa bancada agrícola-empresarial
de la cámara baja del Congreso y se opuesto a los pedidos de las
comunidades indígenas. El ministro de Medio Ambiente es Ricardo Salles,
abogado y exsecretario de Medio Ambiente del estado de São Paulo. Como
el presidente, Salles cree que la conversación en torno al cambio
climático está demasiado politizada. En 2018, escribió en la publicación
online Medium que la industria agraria en Brasil estaba “bajo amenaza”.
Ernesto Araujo, escéptico con el cambio climático, fue nombrado
canciller. En su blog, Araujo describió el cambio climático como un
“dogma” utilizado por la izquierda para fomentar el crecimiento de China
y dijo que quería “ayudar a Brasil y al mundo a liberarse de la
ideología globalista”.
CUMBRE SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO DE ONU 2019
En noviembre de 2018, tras la elección del nuevo gobierno pero antes
de su toma de posesión, el Ministerio de Exteriores decidió retirar la
oferta para albergar la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio
climático de 2019. El departamento alegó “restricciones fiscales y
presupuestarias”, pero activistas y grupos ambientalistas lo vieron como
un guiño al entonces presidente electo Bolsonaro, quien ya había
mencionado la posibilidad de sacar al país del acuerdo climático de
París.
ACUERDO DE PARÍS
Durante la campaña, Bolsonaro dijo que seguiría los pasos del
presidente Estados Unidos, Donald Trump, y abandonaría el acuerdo
climático de París. Pero justo antes de los comicios, dio marcha atrás y
afirmó que se mantendría en el pacto siempre que la soberanía de Brasil
sobre la Amazonia no se viera amenazada o desafiada. La nación alberga
alrededor del 60% de la selva tropical del Amazonas, cuya preservación
es crucial en la campaña para parar el cambio climático, según los
científicos. Los esfuerzos del gobierno de Brasil para reducir la
deforestación fueron reconocidos por la comunidad internacional hace
unos años, pero recientemente grupos que monitorean la cosecha ilegal
reportaron un incremento de dos dígitos en la deforestación de la región
amazónica. El compromiso de Brasil con otros aspectos del acuerdo de
París no está claro, pero los grupos ambientalistas sostienen que, de
cualquier modo, sus planes para abrir la Amazonia al desarrollo
imposibilitarían cumplir el objetivo de reducción de emisiones en los
próximos años.
PROSPECCIÓN PETROLERA
El ejecutivo de Bolsonaro está planeando subastar varios campos
marítimo ante la costa noreste del país, que habían sido calificados
como “zonas altamente sensibles” por el IBAMA, el instituto
medioambiental nacional. Un reporte del IBAMA señaló que vertidos de
petróleo en esos bloques podrían provocar la destrucción de las islas
Abrolhos, una zona de 913 kilómetros cuadrados (353 millas cuadradas)
que alberga un parque nacional marino. Según los críticos, la decisión
del gobierno de ignorar las recomendaciones e incluir esos campos en la
subasta muestra la determinación del nuevo gobierno de atraer
inversionistas al país pese a los costos medioambientales.