martes, 14 de mayo de 2019

En el presente año escolar el Gobierno ha invertido 22 mil millones de pesos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para suplir los más de 4 millones de raciones alimenticias diarias, que reciben 7,000 centros escolares.
Así lo informó ayer el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), René Jáquez, quien resaltó además que los estudiantes de las escuelas públicas, reciben el 70% de los nutrientes requeridos en la dieta diaria, divididos de la siguiente manera: 25% en el desayuno, 40% en el almuerzo y 5% en la merienda.
A través de un comunicado de prensa, Jáquez señaló que “el crecimiento de la inversión que hace el Gobierno a través del Inabie da cuenta que en cada provincia la inversión supera los 20 millones de pesos mensuales. Además en cada provincia o municipio, los suplidores del PAE pertenecen a la misma demarcación geográfica, por lo que ese dinero se queda en la provincia y contribuye al desarrollo de la misma”.
Asimismo, indicó que en el tiempo que tiene de vigencia la Jornada Escolar Extendida el Ministerio de Educación, a través del Inabie ha invertido en el PAE 72 mil millones de pesos en la compra de rubros a productores nacionales locales, ubicados próximo a la escuela y, para los dos próximos años escolares, licitó 38 mil millones de pesos, de los cuales 24 mil millones serán destinados al almuerzo escolar y 14 mil millones de pesos, serán invertidos en el desayuno y la merienda de los centros escolares.
Informó que este año 2018-2019 se integraron 404 nuevos proveedores al PAE, aumentando a 1,493 los suplidores que se encargan de distribuir el almuerzo en las 31 provincias y el Distrito Nacional.
Impacto del programa
El año pasado, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) realizó un análisis de impacto, en el cual presentó a la comunidad educativa, a la opinión pública y, a la población en general cómo y en qué se han invertido los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) como parte de la política del Gobierno de transparentar el uso de los fondos del Estado.