Los residentes, que llevan alrededor de 10 años en el lugar, denunciaron que las autoridades ejecutaron el desalojo de manera arbitraria, sin contar con la orden de un juez.
“El grupo de policías llegó acompañado de delincuentes que comenzaron a golpearnos y robarnos nuestras pertenencias. Nos tiraron a la calle como animales”, lamentó Laura Gómez.
Pese a que los residentes y quienes aseguran ser los propietarios de los terrenos tienen pendiente una audiencia pautada para el martes ante el Tribunal de Tierras, el desalojo se produjo sin tener el veredicto de un juez.
“A mí me golpearon un grupo de delincuentes y me robaron la mercancía del negocio”, manifestó Manuel Montero.
Las decenas de familias que perdieron sus ajuares hicieron un llamado al presidente Danilo Medina para que tome cartas en el asunto y no los abandone a su suerte
