Dominicanos pertenecientes a diversas organizaciones de la sociedad
civil en esta ciudad buscaron, durante todo el pasado fin de semana, el
lugar donde se hospedaba el Procurador General de la República, Jean
Alain Rodríguez, para hacerles piquetes.
Integrantes de “Acción Rápida”, “Marcha Verde” y “Moralidad
Quisqueyana”, estuvieron buscando por doquier dónde era que estaba
hospedado Alain Rodríguez, para enrostrarle la desconsideración y el
abuso de poder que ejerció contra la jueza Miriam Germán.
Pero el lugar fue guardado como “un secreto de guerra”, aun
rastreándolo con la lámpara de Diógenes Sínope. Se hicieron decenas de
llamadas telefónicas, e-mail y WhatsApp diariamente a la República
Dominicana para ver quien conocía donde estaba, y a último momento se
ubicó en el hotel Lotte, en el 455 de la avenida Madison con la calle
50, en Manhattan, pero ya se había marchado hacia el país. Lo hizo este
domingo.
El Procurador estuvo por varios días en la Gran Manzana y se reunió
con su homólogo en la metrópoli, Geoffrey Berman, con el jefe del
Departamento de Estado de Seguridad Nacional con sede en NY, Ángel
Menéndez, y con el comisionado de la Policía neoyorkina, James P.
ONeill, entre otros funcionarios.
Una fuente confió a este reportero que el funcionario gubernamental
criollo también se reunió con autoridades de inmigración para tratar el
caso de Argenis Contreras, pedido en extradición por las autoridades
quisqueyanas por su participación en el crimen del abogado Yuniol Ramírez. Lo tratado no ha salido a la luz pública.
La Procuraduría garantizó la semana pasada que Contreras será
retornado al país para que responda por el asesinato. Actualmente se
encuentra preso en la cárcel Hudson County, ubicada en Nueva Jersey.
Hizo su última apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración
(BIA), y si le deniegan nuevamente iría a la Suprema Corte de Justicia,
que emitirá una sentencia definitiva. Esto podría durar algunos años.
La fuente especificó que la extradición se impone a las leyes de
inmigración, ya que es un “tratado internacional” y en EE.UU tiene
categoría constitucional, de supremacía sobre las leyes internas