Las autoridades judiciales autorizaron la intervención de unos 17,637
teléfonos en procesos de investigaciones de los distintos casos
manejados por el Ministerio Público entre los años 2017 y 2018.
Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado la semana
pasada por el espionaje develado contra la presidenta de la Segunda Sala
Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
El año pasado los juzgados de instrucción y oficinas de Atención
Permanente de las jurisdicciones del Distrito Nacional y de los
municipios Santo Domingo Este y Oeste conocieron 12,889 solicitudes de
interceptación telefónica, de las cuales aprobaron 12,754 y rechazaron
135, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y
Transparencia del Poder Judicial.
Mientras en el 2017 las solicitudes para intervenciones fueron de 5,178. Los tribunales aprobaron 4,883 y rechazaron 295.
De acuerdo con las informaciones suministradas a Listín Diario por el
Poder Judicial, las solicitudes y aprobación de interceptaciones de
teléfonos se triplicaron de 2017 a 2018. En estos dos años suman 18,067
las solicitudes hechas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional
y la Provincia Santo Domingo.
El escándalo
Las intervenciones telefónicas saltaron a los primeros planos de la
opinión pública después de que el Inspector del Ministerio Público,
Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó que fuera
intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia,
Miriam Germán Brito.
Este hecho ha levantado las sospechas, entre diversos sectores de la
sociedad, de que se podría estar frente a un escandaloso caso de
espionaje, a través de las escuchas telefónicas ilegales.
En lo que va de año, sólo en el Distrito Nacional y el municipio de
Santo Domingo Oeste, jueces de ambas jurisdicciones han autorizado, a
petición del Ministerio Público, 1,360 intervenciones telefónicas. El
año pasado, solo el juez José Alejandro Vargas, de Atención Permanente
del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de la Instrucción
esa jurisdicción, autorizó que fueran intervenidos 2,520 teléfonos de
personas que son investigadas sobre distintos hechos delictivos.
La intervención del teléfono de la magistrada Germán Brito se cuenta
entre ese grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y
autorizada por una jueza de la instrucción de Santo Domingo Oeste, el 24
de noviembre de 2018.
Ante el escándalo, el inspector general del ministerio público,
Bolívar Sánchez, aunque admitió la solicitud de la interceptación del
teléfono en cuestión, dijo que desconocía que se tratara del número de
la magistrada Germán Brito y que no llegó a ejecutarla.
Los jueces de instrucción llevan un libro de registro de todas las
solicitudes presentadas a su consideración, indicando la fecha y hora en
que fueron recibidas, el número de la solicitud y el nombre del
representante del ministerio público que la presenta.
La copia de la solicitud y de la decisión del juez se entregará al
fiscal. Si se autoriza la interceptación, se entregará al fiscal el
original sellado de la orden judicial que se remitirá a la compañía
prestadora de servicio de telecomunicaciones, con copias para el fiscal.
En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación,
el juez establecerá dos fechas con no más de 20 días de intervalo,
para que el fiscal presente al juez un informe sobre el avance en el
cumplimiento de la misma.
La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o
escrito, o si sus explicaciones no fueron satisfactorias para el juez,
podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenarle a
la compañía prestadora del servicio de telecomunicaciones que suspenda
su ejecución.
El resultado final de las grabaciones deberá tener como único
objetivo la sustanciación del procedimiento judicial que impulse el
fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de
su voz, data o imagen, grabaciones que deberán ser conocidas por la
persona que ha sido objeto de ellas para organizar sus medios de
defensa.