viernes, 9 de noviembre de 2018

NACIONAL
Sosúa, Puerto Plata

La prohibición del acceso de los vehículos a la playa El Encuentro por parte de propietarios de terrenos privados ha generado un litigio judicial entre representantes de la sociedad civil del distrito de Cabarete y desarrolladores de proyectos turísticos.

Al respecto se refirieron por separado el representante de los dueños de Inversiones Calpe y Mesa Investments, Jesús Perdomo; el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Sosúa, Jesús Castillo; y el empresario de los Estados Unidos, Philip Lehman. También hablaron el presidente de la junta de vecinos del sector La Ciénaga en Cabarete, José Luis Ozoria; y un representante de la Escuela Chino Surfing, Heriberto Tineo.

Perdomo dijo que un grupo de invasores encabezados por Julio César Monegro manejó a su antojo las casetas de ventas de expendio de comidas y bebidas dentro de los 60 metros de playa, las cuales arrendaba a otras personas amparados en un supuesto permiso que otorgaban ilegalmente las autoridades municipales de Sosúa.

Sostuvo que, de acuerdo a la ley 64-00 de Medio Ambiente, solo los propietarios de terrenos son los que tienen que utilizar estos límites de playa para dar servicios a sus clientes.
Indicó que tras un largo proceso hasta llegar a las instancias de la Suprema Corte de Justicia “pudimos obtener una sentencia en desalojo de las personas que manejaban estas casetas, pero de buenas a primeras hay personas de Cabarete haciendo oposición y demandando que esta playa no se cierre a las personas porque, a decir verdad, esto nunca va a suceder”.

Sostuvo que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, además de ordenar el cierre de dicha propiedad, condena tanto a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales y al Ayuntamiento de Sosúa al pago de un atriente de RD$100,000 diarios por haber ordenado abrir una calle ilegal de acceso a la playa El Encuentro, ya que esta medida es facultad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Armada de la República Dominicana (antigua Marina de Guerra).

Negó que el público tenga impedimento de entrada a dicho balneario de agua salada y dijo, incluso, que los grupos que protestan hace unos días destruyeron decenas de árboles que los propietarios de los terrenos sembraron.

Perdomo destacó que estas personas quieren que se construya un acceso de servidumbre público-vehicular dentro de los 60 metros de playa pero entiende que esto no será posible porque “no somos violadores de las leyes que rigen nuestro orden jurídico en el país”.

Mientras Castillo cree que después de unos cien años que la población de Cabarete utilizó la única vía de acceso a esta playa, “se nos quiere prohibir utilizar este importante balneario”.
Manifestó que el acceso de vehículos ahora no es posible, por lo que la sociedad civil de Cabarete enfrentará la situación que afecta a las personas que quieren utilizar la playa.
Sostuvo que la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, mediante sentencia emitida por el juez Nazir Ovalle, ordenó que se reabra el acceso a este balneario, el cual es escenario de importantes deportes extremos en la zona de Sosúa.

En tanto que Philip destacó que el cierre del acceso a dicha playa es ilegal y temeraria, lo que de seguro acarreará grandes dificultades al turismo de la comunidad de Cabarete.
Dijo que lleva más de 20 años ligado al fomento del surfing y “nunca nos imaginamos que nos cerrarían el acceso a la única playa apta para el desarrollo de deportes de vientos en la costa Norte”.
Mientras Ozoria recordó que las playas con sus 60 metros son públicas y administradas por el Estado, por lo que no entiende porque ahora “nos quieren impedir que no acecemos a este importante balneario”.

Reconoció que las personas que regenteaban las casetas violaban los límites de los 60 metros de playa, pero que jamás debieron ser destruidas por los propietarios de los terrenos.
 
FUENTE: PERIODICO HOY

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