Explicó que esa deuda, que corresponde al período enero 2003 hasta el 31 de marzo de 2018, está basada en el artículo 93, párrafo II de la Ley General de Electricidad, No. 125-01, que manda compensar a los usuarios del servicio eléctrico con el 150% del costo de cada hora de apagón, lo cual nunca se ha hecho ni se pretende hacer según la posición asumida por el Gobierno en el Pacto Eléctrico.
Precisó que ese monto de deuda debía aparecer en los estados financieros de las tres distribuidoras de electricidad, ya que de no ser así, como sucede en la actualidad, el patrimonio de esas instituciones públicas aparece abultado y les hace sujetos de crédito por montos superiores a los que indica su patrimonio y a sus posibilidades de crédito.
Hizo un llamando a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a las organizaciones de contadores públicos autorizados a que intervengan para que cuando se auditen los estados financieros de las tres distribuidoras eléctricas se haga constar el monto de la deuda con los usuarios del servicio eléctrico por las horas de apagones, como forma de obligar a ese sector a ajustarse al mandato legal.
Cree que la forma más eficaz de reducir los apagones a su mínima expresión es haciendo que las tres distribuidoras abonen a los usuarios el 150% del costo de cada hora de apagón.
PERIODICO HOY
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