INTERNACIONAL
CARACAS. La Asamblea Constituyente venezolana dio este martes un
nuevo paso en su ofensiva contra la oposición, al anunciar que
enjuiciará por “traición a la patria” a líderes a quienes acusa de
promover las sanciones de Estados Unidos contra el país.
Los
constituyentes aprobaron un decreto para iniciar “conjuntamente con los
órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria contra
los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones
contra los intereses del pueblo venezolano”.
Aunque el documento
no menciona a nadie en particular, los asambleístas que intervinieron en
la sesión acusaron a la dirigencia opositora, y en particular al
presidente del Parlamento, Julio Borges, y a su vicepresidente, Freddy
Guevara.
“Sabemos que Freddy Guevara es un delincuente y tiene
que pagar, que Julio Borges es otro delincuente que tiene pagar, ellos
no tienen patria”, arengó la asambleísta Iris Varela, arrancando
aplausos de sus colegas, todos chavistas.
La Constituyente
decidió además solicitar a los órganos del Estado “el inicio inmediato
de las investigaciones” contra los acusados.
El juicio se
iniciará ante un llamado del presidente Nicolás Maduro, quien señala a
Borges como el principal responsable de alentar las sanciones que
prohíben “transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y la
petrolera estatal” PDVSA.
El delito de traición a la patria, según el Código Penal, contempla una pena de 20 a 30 años de prisión.
Maikel
Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) --acusado de
servir a Maduro--, propuso el 15 de agosto ante la Constituyente elevar
la pena máxima de ese delito a “más de 50 años”.
Según la oposición, en Venezuela hay unos 590 “presos políticos”.
“Traición a la patria es...”
Tras
las medidas del gobierno de Donald Trump, la coalición opositora Mesa
de la Unidad Democrática (MUD) anunció el domingo que respalda cualquier
sanción contra la administración de Maduro.
“Sanciones de quien
sea a vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los
recursos públicos siempre contarán con nuestro apoyo”, señaló la alianza
en un comunicado.
El considerado número dos del chavismo y
asambleísta, Diosdado Cabello, quien leyó el decreto, dijo que la
oposición no solo alienta sanciones económicas, sino “invasiones”, en
alusión a la advertencia de Trump de valorar una “opción militar” frente
a la grave crisis política y económica venezolana.
“Debe aplicárseles todo el peso de la ley”, exigió.
Borges
también está siendo investigado por la “comisión de la verdad”, una
instancia de la Constituyente que documenta la “violencia política”
desde que el chavismo llegó al poder en 1999.
“Julio Borges
denigra de la forma más vil al venezolano (a), considerándolo una
amenaza a la región para justificar intervención imperial”, expresó más
temprano en Twitter Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente.
Antes del debate de la Constituyente, Borges desestimó las acusaciones.
“Traición
a la patria es robarse el dinero de los venezolanos (...), traición a
la patria es arrodillarse frente a Cuba o cualquier otro gobierno
extranjero, traición a la patria es que hoy los venezolanos coman basura
en la calle, que la gente se muera porque no hay medicinas”, declaró el
diputado a periodistas.
Macron: es una “dictadura”
La
Constituyente regirá Venezuela dos años con poderes absolutos, a pesar
de que no es reconocida por una docena de países de la región, Estados
Unidos, España, y organizaciones como la Unión Europea, la Organización
de Estados Americanos (OEA) y el Mercosur.
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que el gobierno de Maduro ha instaurado una “dictadura” en Venezuela.
“Una
dictadura intenta perpetuarse a un precio humanitario sin precedentes”,
dijo Macron en su primer gran discurso sobre política extranjera.
La
exfiscal general, Luisa Ortega, destituida por la Constituyente en su
primera sesión, ha sido una de las principales detractoras de ese órgano
por considerarlo “ilegal” y parte de una “ambición dictatorial” de
Maduro.
La abogada chavista salió de Venezuela tras denunciar una
persecución por parte del gobierno tras su ruptura con Maduro, a quien
ahora acusa de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la
constructora brasileña Odebrecht.
Antes del debate de la
Constituyente, el presidente de la Comisión de Contraloría del
Parlamento, Juan Guaidó, presentó un informe al Legislativo en el que
insta a repatriar fondos que sospecha son fruto de la corrupción y que
podrían ascender a unos 600.000 millones de dólares.
Cortesia de: Diario Libre
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