Cuba, Venezuela y República Dominicana figuran en la “lista negra” de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según el informe
anual de 2016 que publicó ayer ese organismo autónomo de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
El capítulo IV del informe, conocido como la “lista negra”, señala los
países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención
especial” por parte de este organismo, con sede en Washington. Cuba y
Venezuela repiten en esa lista y República Dominicana sustituye a
Guatemala con respecto al informe de 2015.
El caso de RD.- Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de “la
persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de
ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado
particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones,
expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Para la Comisión esto muestra “los graves desafíos que enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
“La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta de reconocimiento
de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de ascendencia
haitiana las ha puesto en situación de desventaja en goce de algunos de
sus derechos humanos, así como en situación de extrema vulnerabilidad a
ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos”,
recalca.
“En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos
políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del
pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las
restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera
sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba”, apunta el
informe. A lo anterior, agrega el estudio, “se suma el incremento en las
represiones severas y restricciones a defensores y defensoras de
derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y
violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero,
bisexuales e intersexuales) y la exclusión de la población
afrodescendiente, que está subrepresentada en altos cargos del Estado”.
En el caso de Venezuela, la CIDH denuncia que “persisten situaciones
estructurales que afectan los derechos humanos” y se ha registrado “un
agravamiento” de la situación de la seguridad ciudadana en relación al
derecho a la vida e integridad personal y “un deterioro del Estado de
Derecho y las instituciones democráticas”. La comisión también alerta de
la vulnerabilidad al derecho a la libertad de expresión, incluyendo la
detención arbitraria y el encarcelamiento de opositores, así como de
aquellos ciudadanos que “hacen público su disenso con el gobierno”.
Subraya los altos índices de represión en el país, las restricciones al
ejercicio del derecho a la protesta y los despidos y amenazas a
empleados públicos con la pérdida de su cargo si manifiestan opiniones
contra el oficialismo.
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